Investigación sobre fraudes y mala gestión de fondos UE en el sector agrícola

La Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) confirmó el procedimiento formal de selección de presuntos fraudes y mala gestión de los fondos de la UE y los subsidios agrícolas en Eslovaquia.
Dicho procedimiento tiene el objetivo de reunir toda la información necesaria para determinar sobre si hay fundamento razonable para iniciar una investigación completa de conformidad con el mandato de la OLAF.
Las irregularidades fueron descubiertas y reportadas por el periodista Ján Kuciak, quien estaba investigando los vínculos entre la mafia italiana y las empresas eslovacas antes de ser asesinado.
A principios de marzo, un grupo de eurodiputados verdes escribió una carta a la OLAF exigiendo una investigación sobre el presunto uso sistémico de los fondos de la UE y los subsidios agrícolas para financiar actividades delictivas.
En particular, se examinará el pago de subvenciones de fondos europeos por parte de la Agencia de Pagos de Agricultura de Eslovaquia (PPA), la institución del Ministerio de Agricultura que se ocupa del Programa de Desarrollo Rural. La Agencia ya en 2016 cometió serias irregularidades en la gestión, según señaló la Oficina Superior de Auditoría de la República Eslovaca.
Las empresas de las familias italianas Rodá y Vadalá mencionadas en el último artículo de Ján Kuciak habrían recibido, desde 2004, subvenciones por valor de alrededor de 68 millones de euros, distribuidas así:
55 millones de euros a las compañias dirigidas por Diego Rodà;
10,8 millones de euros a la cooperativa Agrokomplex Humenné (actualmente dirigida por dos miembros de la familia Rodá, Daniela Valentina y Elisabetta, esposa de Antonino Vadalá), que gestiona aproximadamente el 80% de todas las tierras de cultivo en el distrito homónimo;
– 1,9 millones de euros a dos empresas de Antonino Vadalá, arrestado hace unas semanas con orden de detención europea de la fiscalía de Venecia bajo cargos de narcotráfico, asociación mafiosa y lavado de dinero.
Se trata de cifras confirmadas por el Ministerio de Agricultura, pero la verdadera suma total sería mucho mayor, si se consideran las contribuciones pagadas a las empresas afiliadas, en las que los miembros de las familias Rodá y Vadalá no aparecen como propietarios o administradores.

La ”agromafia” en el Este de Eslovaquia

¿La mafia italiana ha llegado a Eslovaquia? Los italianos han caído en un sistema de corrupcion muy amplio, pero no representan la cabeza de este sistema, porque este sistema es eslovaco. Asi escribió el periodista Andrej Bán en su reportaje sobre el esquema de poder, crimen, corrupción y fraudes en el sector agrícola en los distritos de Michalovce y Sobrance, que se consideran el bastión del partido Smer.
Se habla de mafia en esa región oriental en la frontera con Ucrania, que en pocos años se convirtió en el Eldorado del país, porque además del tráfico ilícito de migrantes o cigarrillos hay robos de tierras, cultivos y subsidios por parte de grupos con fuertes conexiones personales y familiares. Actividades delictivas que durante años han sido ignoradas o encubiertas por las autoridades, escribió Andrej Bán.
El periodista escribió sobre presuntos fraudes en las dotaciones agrícolas recibidas por la compañía Agro Porúbka, propiedad de la ex presidenta regional del partido Smer-SD, Ľubica Rošková. En 2017 Agro Porúbka recibió cerca de 40.000 euros provenientes de los fondos europeos por tierras que no posee ni cultiva.
Tras la publicación del artículo la ministra de Agricultura Gabriela Matečná y el Director General de la Agencia de Pagos Agrícolas, Juraj Kozuch, informaron que existen serias sospechas de fraude intencionado en el registro de tierras agrícolas en el Este de Eslovaquia.
Por eso, el Ministerio de Agricultura y la Agencia PPA pusieron en marcha un sistema de inspecciones y controles más rigurosos y exhaustivos y presentaron una denuncia ante la Procuraduría General.
La Agencia de Pagos Agrícolas verificó todos los pagos directos recibidos por Agro Porúbka e identificó las 170 parcelas por una superficie total de 470 hectáreas por las que la empresa había solicitado subvenciones agrícolas. Detectó que el Instituto de Investigación y Protección del Suelo no había actualizado los ortofotomapas, es decir las imágenes del territorio tomadas desde un avión o satélite con una cámara fotogramétrica de alta precisión que permiten relacionar las fotografías con las medidas reales del terreno.
Según la ministra Matečná, Eslovaquia cuenta con uno de los sistemas más severos de controles sobre el terreno en el marco de la UE. Sin embargo, algunas personas pudieron aprovecharse del sistema de apoyo al sector agrícola. La ministra ordenó despedir a los empleados del Instituto de Investigación y Protección del Suelo (VUPOP) responsables de la gestión del sistema digital LPIS, que se utiliza como mapa para conceder las ayudas directas. Además, ordenó el traslado de todo el departamento de geoinformática a la Agencia de Pagos Agrícolas.
La presidenta de VUPOP, Lucia Gallová, criticó duramente la decisión de la ministra Matečna, que transforma a los empleados en chivos expiatorios a pesar del hecho de que la Agencia PPA es la institución final que verifica los datos de VUPOP y asume toda responsabilidad al respecto.
Las fraudes en el sector agrícola son bien conocidas en Eslovaquia, puesto que los agricultores de todo el país han estado advirtiendo al ministerio y al PPA durante años presentando testimonios verbales e informes escritos, declaró Lucia Gallová. Hay que castigar a los verdaderos culpables del escándalo y establecer reglas más estrictas para prevenir el riesgo de fraudes en el futuro, agregó.

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Foto: Pixabay CC0
GEOF CC BY-SA 
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Lucia Gallová (FB)
Antonino Vadalá (FB)

 

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