El 4 de marzo el Gobierno de Washington anunció la decisión de permitir a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba demandar a empresas y entidades cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en Cuba a partir del 19 de marzo, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.
Se podrán interponer demandas contra las empresas que están sancionadas por Estados Unidos y que están incluidas en una lista negra.
Los cuatro artículos que constituyen la Ley, cuya entrada en vigor se produjo en 1996, codificaron todas las sanciones contra Cuba y se consideran la columna vertebral del embargo económico de Washington a La Habana, cuyo objetivo es cambiar la forma de gobierno, la organización social y política en Cuba.
La Ley Helms-Burton, junto con la Ley Torricelli aprobada en 1992, han recrudecido el bloqueo económico, comercial y financiero al prohibir a los ciudadanos norteamericanos realizar transacciones financieras directas con las entidades cubanas y “traficar” con propiedades estadounidenses expropiadas.
La medida recientemente tomada por el gobierno de Estados Unidos amenazaría los intentos de Cuba para atraer más inversión extranjera y parece apuntar a presionar al gobierno de La Habana debido a su apoyo al Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El mismo día 4 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha publicado una declaración en la que “rechaza en los términos más enérgicos la nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos” contra la isla.
El gobierno de La Habana considera como arbitraria, ilegítima y contraria al Derecho Internacional la decisión estadounidense, dirigida a “recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales”, así como “asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población”.
Las autoridades de la isla afirman que el propósito norteamericano es imponer en Cuba un gobierno “contrarrevolucionario y subordinado a Washington”, que responda a los intereses de Estados Unidos.
La ley Helms-Burton descansa sobre la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso, establece la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron.
Según la declaración del gobierno de Cuba, “todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.”
Según estipula la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996, las reclamaciones de compensación por las propiedades nacionalizadas podrán formar parte de un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y respeto mutuo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos.
El gobierno de La Habana ha subrayado que las reclamaciones de compensación tendrán que ser “examinadas de conjunto con las indemnizaciones a la que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos”.
En la declaración del 4 de marzo, el gobierno cubano reitera a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan en Cuba todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos, según el artículo 28 de la Constitución Cubana, ratificada en referendo el pasado 24 de febrero de 2019, así como la Ley de Inversión Extranjera No. 118 del 29 de marzo de 2014.
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Foto: Pixabay CC0
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