El miércoles 18 de mayo, el Gobierno aprobó el paquete de medidas antiinflacionarias propuesto por el ministro de Hacienda, Igor Matovič.
Ahora el Consejo de Ministros pide que el Parlamento discuta el proyecto de ley con un procedimiento legislativo acelerado. Tal como señaló el primer ministro Eduard Heger, las familias con niños son las más afectadas por la crisis económica y han estado esperando ayuda estatal durante demasiado tiempo. Matovič, por su parte, dijo estar convencido de que el voto a favor vendrá de todos los diputados, sin importar el color político.
A partir del 1 de julio de este año, la asignación por hijos a cargo aumentará a 30 euros mensuales, mientras que a partir del 1 de enero de 2023 aumentará a 50 euros mensuales. Para los niños de entre cinco y 18 años, las familias recibirán un bono de 50 euros al mes para actividades en los ámbitos de la educación, el deporte y la cultura.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las familias a hacer frente a la subida de la inflación supondrán un gasto total de 1.300 millones de euros para las arcas del Estado. Matovič asegura que habrá cobertura financiera gracias a una mejor recaudación de impuestos y una serie de recortes de gastos que anunciará la próxima semana. Además, el impuesto extraordinario que se impondrá a la refinería Slovnaft permitirá recaudar unos 280 millones al año.
A esta parte del proyecto de ley se opuso inicialmente el partido de coalición SaS, cuyo líder, Richard Sulík, había expresado temores de una consiguiente subida de los precios del combustible.
Los Municipios anuncian una huelga
Las propuestas presentadas por el Ministerio de Hacienda han sido duramente criticadas por la Asociación de Ciudades y Pueblos Eslovacos (ZMOS) por dos motivos principales: el recorte de 618 millones de euros en dos años para financiar el bono fiscal para las familias y la actitud del Gobierno hacia las administraciones locales. En particular, se quejan de que no han sido consultados para la elaboración del paquete de medidas.
A todo esto se suman las declaraciones de Matovič sobre la oportunidad de repartir el dinero de las arcas de los alcaldes a familias en dificultad. Richard Rybníček, presidente de la Unión de Ciudades de Eslovaquia (ÚMS) y alcalde de Trenčín, respondió que el dinero no es propiedad de los alcaldes, sino que se utiliza para brindar servicios a los ciudadanos y financiar actividades educativas, sociales, culturales y deportivas.
Tras el congreso extraordinario que tuvo lugar ayer en Senec, ZMOS anunció una huelga hasta nuevo aviso e invita a ciudades y municipios a sumarse a la iniciativa de protesta, que también cuenta con el apoyo de la Asociación de Regiones Autónomas. Los municipios enarbolarán banderas a media asta delante a las oficinas municipales y suspenderán o limitarán la comunicación con la administración central del Estado hasta que el Gobierno «demuestre su voluntad de negociar constructivamente».
No es sólo el recorte de 618 millones de euros lo que molesta a los representantes de ZMOS, que se quejan también de numerosos problemas en el sector energético y la contratación pública, con el aumento de los precios de los materiales y las obras de construcción. Las administraciones locales quedan excluidas de los procesos legislativos y son consideradas por el Estado no como socios con los que entablar relaciones de cooperación, sino simplemente como un «cajero automático» del que sacar recursos.
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Foto: Ministerstvo financií SR (Fb)
zmos.sk
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