El miércoles 25 de marzo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley del gobierno mediante procedimiento acelerado, en el contexto de la lucha contra la pandemia de coronavirus.
Se trata de medidas relacionadas con el sector de la telefonía móvil y de justicia.
La Autoridad de Salud Pública (ÚVZ) tendrá acceso a los datos de los operadores de telefonía móvil para localizar los móviles y así controlar los movimientos de los ciudadanos.
ÚVZ podrá utilizar estos datos, que normalmente están cubiertos por el secreto, previa solicitud escrita específica y motivada. Los datos se procesarán de forma anónima con fines estadísticos, pero también se utilizarán para identificar a los destinatarios de los mensajes de información sobre medidas específicas de la autoridad sanitaria, como las relacionadas con la cuarentena.
Los datos recopilados por ÚVZ podrán archivarse hasta finales de este año. En cualquier caso, ÚVZ no tendrá acceso al contenido de los mensajes ni a las llamadas telefónicas.
La ministra de Justicia, Mária Kolíková (Za ľudí), dijo en el Parlamento que la protección de datos puede no ser absoluta, pero «el derecho a la vida sí es absoluto» y la salud pública es más importante que el derecho a la privacidad. Sin embargo, la ministra explicó que los datos solo se usarán para rastrear los móviles de aquellos que no cumplan con la obligación de permanecer en cuarentena, y ha asegurado que la ley nunca se aplicará de manera incorrecta en el futuro.
El proyecto de ley provocó una ola de críticas por parte de la oposición. El recién elegido vicepresidente del Parlamento, Peter Pellegrini, calificó el proyecto de ley como una fuerte intervención en la privacidad de las personas y propuso introducir esta medida solo en el caso de la declaración del estado de emergencia con el nivel más alto en el país.
El presidente de Smer-SD, Róbert Fico, argumenta que el proyecto de ley es una violación grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.
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Foto: BDE ©
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