El 29 de mayo el Parlamento Europeo (PE) aprobó con 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones la revisión de la directiva sobre los trabajadores desplazados temporalmente a otro Estado miembro de la Unión Europea.
La nueva normativa prevé que se apliquen a los trabajadores desplazados todas las normas salariales fijadas en leyes y en convenios colectivos regionales o sectoriales representativos de los países de acogida. Por lo tanto, los trabajadores destacados podrán beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los trabajadores locales con el mismo empleo.
Los empleadores deberán pagar los gastos de viaje, manutención y alojamiento y no podrá descontarlos del sueldo de los trabajadores.
El desplazamiento podrá prolongarse como máximo hasta un año, con una posible extensión de seis meses. Los trabajadores podrán seguir cotizando a la seguridad social en su país de origen.
Después de este tiempo, los empleados podrán permanecer y trabajar en el Estado miembro, pero estarán sujetos a la legislación laboral del país de acogida.
Además, la nueva directiva apunta a la cooperación entre los Estados miembros en el caso de los desplazamientos fraudulentos – realizados por “empresas buzón” deslocalizadas en países con bajas cotizaciones – para garantizar una protección eficaz de los empleados.
Según datos del PE, en 2016 el número del los trabajadores desplazados en la UE ascendió a 2,3 millones, con un aumento del 69% entre 2010 y 2016. De esos 2,3 millones, la mayoría se desplazaron para trabajar en la industria y el sector de la construcción. El desplazamiento medio es de 4 meses.
El principal país emisor de trabajadores desplazados resulta ser Polonia, con más de 500.000 empleados, mientras que los principales países receptores son Alemania (cerca de 440.000), Francia ( cerca de 170.000), Bélgica (más de 150.000), Austria y Holanda.
Según los últimos datos, el número de trabajadores españoles desplazados en otros Estados miembros de la UE asciende a 147.424, con un incremento del 142% respecto al año 2010 en plena crisis económica.
La revisión de las normas se ha prolongado durante años debido a la reticencia de algunos países como España, Portugal, Rumanía, Bulgaria y el Grupo de Visegrád a apoyar la reforma.
Uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones fue el sector del transporte, en el cual seguirá aplicándose la normativa de 1996, hasta la entrada en vigor de la legislación específica incluida en el paquete de movilidad.
Los países de la UE tendrán ahora dos años para introducir las nuevas normas en sus legislaciones nacionales.
La directiva aprobada por el PE se considera como un importante paso hacia la reducción de las brechas entre las regiones de la Unión Europea y la creación de una Europa social que protege a los trabajadores y contribuye a prevenir la competencia desleal en el mercado laboral.
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Foto: Pixabay CCo
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