El Ministerio de Trabajo, a través del Centro de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia ÚPSVaR, habría desembolsado ayudas estatales en el marco del programa «Prvá Pomoc» por un importe total de 24 millones de euros a 28 empresas sospechosas.
Así se desprende de una investigación llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Ján Kuciak.
Los periodistas constataron que las empresas no presentan sus estados financieros según exige la ley, en muchos casos tienen deudas con las autoridades tributarias y no realizan actividades.
Además, no existe información precisa sobre el número de empleados y también es difícil encontrar la dirección del domicilio social o la inscripción en el registro de empresas. Algunas empresas tienen su domicilio social en «oficinas virtuales». En cuanto a los propietarios, generalmente son «empresarios sin importancia», procedentes de los Balcanes o Grecia, y en algunos casos se trata de personas ilocalizables.
A pesar de todo ello, los importes abonados a este tipo de empresas son equiparables a los concedidos a empresas con una trayectoria profesional consolidada y un gran número de empleados.
El programa estatal de apoyo «Prvá Pomoc», dirigido a los empleados, empresarios y autónomos SZČO, fue puesto en marcha para reducir los efectos negativos de las medidas antipandémicas y preservar los empleos. La mayoría de las empresas sospechosas recibieron ayudas estatales a través de la medida 3 / A destinada a mantener el empleo.
Para obtener la ayuda financiera, los solicitantes deben demostrar que sus ventas han disminuido en al menos un 20% debido a la pandemia y las medidas restrictivas del gobierno. Por tanto, a los periodistas del Centro Ján Kuciak les resulta muy extraño que determinadas empresas hayan conseguido acreditar su derecho a las ayudas sin presentar sus estados financieros.
El Ministerio de Trabajo y el Centro ÚPSVaR en un comunicado de prensa conjunto han declarado que quienes solicitan las ayudas del programa «Prvá Pomoc» firman una declaración jurada en sus solicitudes y confirman la exactitud y veracidad de la información brindada, ya que «no es físicamente posible verificar los detalles de cada solicitud con anticipación».
El Ministerio presentó una denuncia penal. En la actualidad, sobre este caso la Policía está realizando una investigación en colaboración con la Fiscalía Especial. Por este motivo, por el momento no es posible proporcionar más información.
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Foto: StockSnap CC0
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