La Comisión Europea ha publicado el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho. El documento refleja la nueva situación política y económica generada por la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El informe presenta una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por países, en los que se examinan las medidas tomadas en cada Estado miembro desde julio de 2021. Por primera vez incluye recomendaciones específicas formuladas a cada Estado miembro, según lo anunciado por la presidenta Ursula Von der Leyen en su Discurso sobre el estado de la Unión de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto animar a los Estados miembros a hacer avanzar las reformas en curso o previstas y ayudarlos a determinar los ámbitos en los que hacen falta mejoras.
El informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave en materia de Estado de Derecho: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales.
El documento subraya que en muchos Estados miembros han continuado su camino para solucionar los problemas señalados en materia de Estado de Derecho. Sin embargo, persisten importantes motivos de preocupación de orden sistémico en algunos países de la Unión.
En Eslovaquia hubo un progreso limitado
Eslovaquia ha continuado sus esfuerzos para reformar su sistema de justicia, basándose en la reforma constitucional señalada en el Informe sobre el estado de derecho de 2021. El Parlamento aprobó la reforma del mapa judicial. El Tribunal Supremo Administrativo ha entrado en funcionamiento y se ha redactado un proyecto de ley sobre el establecimiento de tribunales administrativos inferiores. Estas reformas se enmarcan en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Ministerio de Justicia está preparando una enmienda para restringir el poder del Fiscal General de anular las decisiones de la fiscalía en casos individuales.
Siguen existiendo preocupaciones en cuanto al régimen de despido de los miembros del Consejo de la Magistratura y el régimen de responsabilidad penal de los jueces por “abuso del derecho”, aunque este último contiene algunas salvaguardias. El Colegio de Abogados informó que los abogados enfrentan amenazas en el ejercicio de su profesión.
La percepción pública de la independencia judicial sigue siendo muy baja.
La eficiencia de los procedimientos siguió deteriorándose, especialmente en los casos administrativos.
El progreso en áreas clave para prevenir la corrupción continúa siendo lento. Aunque se ha iniciado el trabajo sobre una nueva estrategia anticorrupción posterior a 2023, sigue pendiente la actualización del Programa Nacional Anticorrupción de 2019. El cabildeo sigue sin estar regulado, pero el gobierno planea presentar un nuevo proyecto de ley sobre cabildeo para finales de 2022 y establecer una Oficina para la Protección del Interés Público.
La Oficina de Protección de Denunciantes de Eslovaquia ha asumido sus funciones y ya ha protegido a los denunciantes contra despidos laborales. Continúan los esfuerzos para combatir la corrupción de alto nivel, y varios ex funcionarios de alto rango fueron acusados de delitos de soborno.
Sin embargo, el uso de la discrecionalidad del Fiscal General para cerrar casos ha suscitado inquietudes, particularmente en varios casos de corrupción de alto nivel.
La Ley de Servicios de Medios y la Ley de Publicaciones, ambas adoptadas en junio de 2022, respectivamente, promueven el pluralismo de los medios y mejoran la transparencia de la propiedad de los medios. La Ley de Radio y Televisión de Eslovaquia proporciona un marco legal sólido para el establecimiento, la gobernanza y el funcionamiento de los medios de comunicación de servicio público, pero la politización de los nombramientos y despidos de gerentes y miembros de la junta directiva de los mismos es motivo de preocupación. Está pendiente la legislación orientada a garantizar la transparencia de la propiedad de los medios.
El nuevo juicio a los presuntos instigadores del asesinato del periodista Ján Kuciak y su prometida Martina Kušnírová está en curso tras la anulación de las absoluciones anteriores por parte del tribunal de primera instancia.
Tanto el proyecto de ley encaminado a fortalecer la protección de los periodistas como las reformas al código penal para reducir la pena contemplada por difamación, una de las más severas de la Unión Europea, han sido aplazados una vez más.
La inclusión de la sociedad civil en el proceso de elaboración de leyes sigue siendo limitada y parece faltar una consulta adecuada para cambios legislativos importantes. Los planes anunciados en 2020 para mejorar el proceso de elaboración de leyes y fortalecer la administración pública han tenido un progreso limitado.
La Corte Constitucional confirmó que no tiene competencia general para revisar las leyes constitucionales, pero señaló que tiene competencia para hacerlo cuando sea necesario para proteger el núcleo fundamental de la constitución.
Continuó la revisión constitucional de las medidas contra el Covid-19.
Continúan las preocupaciones sobre el financiamiento de ciertas organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas que trabajan en temas relacionados con la igualdad de género y los derechos LGBTIQ.
La Comisión Europea recuerda los compromisos contraídos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, en relación con determinados aspectos del sistema judicial y recomienda a Eslovaquia:
• Asegurar que los miembros del Consejo de la Magistratura estén sujetos a suficientes garantías de independencia en cuanto a su despido, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los Consejos de la Magistratura.
• Velar por que existan y se observen debidamente las garantías suficientes al someter a los jueces a responsabilidad penal por el delito de “abuso de derecho” en relación con sus decisiones judiciales.
• Introducir propuestas para regular el cabildeo y fortalecer la legislación sobre conflictos de intereses y declaración patrimonial.
• Mejorar la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de hacer cumplir la ley y garantizar la objetividad de las decisiones de la fiscalía, lo que incluye seguir avanzando en las enmiendas legislativas para restringir el poder del Fiscal General de anular las decisiones de la fiscalía con el fin de promover un historial sólido de casos de corrupción de alto nivel.
• Avanzar en el proceso para establecer salvaguardas legislativas y de otro tipo para mejorar la seguridad física y el entorno laboral de los periodistas, incluida la reforma de la ley de difamación, teniendo en cuenta las normas europeas sobre protección de periodistas.
• Reforzar las normas y mecanismos para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación de servicio público teniendo en cuenta las normas europeas sobre los medios de comunicación de servicio público.
Fuente: Comisión Europea
____________________
Deja un comentario