La Comisión Europea detiene la implementación del impuesto especial a las cadenas minoristas

Eslovaquia tendrá que suspender la aplicación de la ley que impone un impuesto especial del 2,5% sobre la facturación neta de las cadenas minoristas tras la medida cautelar de la Comisión Europea.
La ley fue presentada a propuesta del Partido Nacional Eslovaco (SNS) para crear un fondo para apoyar a los agricultores y productores de alimentos eslovacos.
El Parlamento aprobó la ley por segunda vez el 13 de diciembre de 2018, superando el veto del presidente Andrej Kiska.
Por lo tanto, el impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2019.
La oposición ya había destacado los posibles problemas legales que surgirían del impuesto especial y la incompatibilidad de la ley con las normas de libre comercio de la UE. A principios de año, un grupo de diputados de la oposición había presentado una queja ante el Tribunal Constitucional para pedir el examen sobre la constitucionalidad de la medida.
Ahora la Comisión Europea examinará la ley en profundidad, ya que algunas exenciones del impuesto podrían permitir a «ciertos minoristas una ventaja selectiva sobre sus competidores, en violación de las normas de la UE sobre ayudas estatales».
Durante el examen del documento, no se aplicará la ley especial y, por lo tanto, las cadenas comerciales no pagarán el impuesto.
«La Comisión no cuestiona el derecho de Eslovaquia a introducir un impuesto aplicable al sector minorista de alimentos», señala el comunicado de prensa oficial de la CE. «Al mismo tiempo, el sistema fiscal debe respetar la legislación de la UE, incluidas las normas sobre ayudas estatales, y no debe favorecer indebidamente a un tipo particular de empresa, como las empresas que operan en un número menor de distritos o miembros de alianzas comerciales.” La Comisión Europea también teme que la medida pueda afectar negativamente a los consumidores con un aumento de los precios o una reducción de la elección del consumidor en el mercado minorista eslovaco.
La Ministra de Agricultura, Gabriela Matečná, en rueda de prensa dijo que la intervención de la Comisión Europea es una medida excepcional, aplicada menos de diez veces a lo largo de la historia de la UE. La ministra ha criticado la intervención, quejándose de la lentitud de las decisiones de la Comisión Europea en caso de riesgo para la salud de los consumidores y, por el contrario, la rapidez de la medida cautelar (adoptada en tres días) cuando «están en juego los intereses de las empresas poderosas». Matečná dijo que se opondrá a este comportamiento y le pedirá a la Comisión Europea que inicie una investigación.
El Ministerio de Agricultura ha presentado una propuesta para suspender los efectos de la ley, y el Parlamento podría discutir el tema con un procedimiento legislativo acelerado.
El presidente del Parlamento, Andrej Danko, ha declarado que redactará un anteproyecto de ley para eliminar el impuesto especial y ha prometido pedirle al nuevo ministro de finanzas que realice inspecciones fiscales más estrictas sobre las cadenas comerciales. Danko también señaló que el Estado puede compensar la falta de ingresos fiscales gracias a una reserva de 50 millones de euros que podrá asignarse a los agricultores y productores de alimentos.
SAMO (Alianza Eslovaca para el Comercio Moderno), una organización que reúne a las principales cadenas de comercio minorista, acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea. «Hemos dicho desde el principio que la ley contradice la Constitución de Eslovaquia y las regulaciones de la UE», se lee en un comunicado de SAMO. La Unión Europea «ha demostrado su voluntad de defender los intereses de los ciudadanos de sus Estados miembros a pesar de las decisiones de los gobiernos individuales».
Por su parte, la Cámara Eslovaca de Agricultura y Alimentación (SPPK) ha declarado que tiene la intención de respetar la decisión de Bruselas, pero no oculta su decepción por el hecho de que «la Comisión europea haya tomado partido por la parte más fuerte» de la cadena agroalimentaria” con actitudes falsamente liberales. SPPK reitera que las cadenas minoristas internacionales abusan de su posición dominante en el mercado e imponen condiciones comerciales inaceptables a los proveedores eslovacos, lo que dificulta el desarrollo de la agricultura y el sector alimentario en Eslovaquia.