Continúa en el Parlamento la discusión sobre la enmienda a la ley de energía, el llamado «Plan B de Gobierno». El propósito de la medida es permitir que el Estado limite los precios de la energía producida por las empresas en el territorio eslovaco o prohibir el comercio transfronterizo.
Actualmente, las centrales eléctricas eslovacas producen más del 64% de toda la electricidad del país y proporcionan alrededor del 60% del consumo total. De aprobarse la medida que permite la declaración de estado de emergencia en el sector energético, las consecuencias para las centrales serían muy graves, advierte el director ejecutivo de Slovenské elektrárne, Branislav Strýček. La empresa no solo no completaría la cuarta unidad de la central nuclear de Mochovce, que permitiría a Eslovaquia exportar electricidad, sino que incluso se arriesgaría a la quiebra.
La compañía, de hecho, ha obtenido préstamos bancarios por un importe de 4.200 millones de euros para la finalización de la tercera y cuarta unidad y, dado que la central nuclear aún no está operativa, la deuda podría alcanzar los 4.600 millones de euros en enero de 2023.
Strýček subraya que no es posible obtener más financiación ni de los bancos ni de Enel y EPH, que poseen el 66% de las acciones de la empresa. Para ello pide al Gobierno una ayuda de al menos 400 millones de euros. En su opinión, el riesgo es que los bancos no aprueben el programa 2023-24 del gobierno sobre electricidad de bajo costo para los hogares.
Strýček también considera irresponsable que el 70% de las industrias no tengan contratos de suministro eléctrico para el próximo año. La única solución a los altos precios de la energía es una intervención de emergencia de la UE en los mercados energéticos europeos. La industria eslovaca, de hecho, no tiene posibilidades de sobrevivir con el precio actual de 550 euros por MWh.
Slovenské elektrárne envió ayer una carta a la presidenta Zuzana Čaputová, al Gobierno y a 150 diputados, solicitando la modificación del proyecto de ley y un plan de ayuda financiera estatal masiva.
Por su parte, el Ministerio de Economía ha respondido contundentemente a la iniciativa, argumentando que los problemas financieros de Slovenské elektrárne dependen de una gestión incorrecta y no de medidas tomadas por el Parlamento.
El ministro Karel Hirman subrayó que el Estado tiene una participación minoritaria en la empresa y por lo tanto no ha jugado un papel decisivo en la adopción de muchas decisiones fundamentales.
Hirman también asevera que el Estado aplicaría las nuevas medidas solo si los precios de la energía alcanzaran niveles insostenibles para los consumidores.
Finalmente, asegura que el compromiso de Slovenské elektrárne en relación con el suministro de electricidad a los hogares a un precio reducido en 2023 y 2024 no se ve amenazado por acciones gubernamentales.
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Foto: seas.sk
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