La presidenta Zuzana Čaputová vetó parcialmente el paquete antiinflacionario propuesto por el ministro de Hacienda Igor Matovič por un importe total de unos 1.300 millones de euros y lo devolvió al Parlamento.
La Jefa de Estado no cuestiona las disposiciones que prevén ayudas inmediatas a los hogares ante el fuerte aumento del costo de vida. Para las familias más vulnerables en riesgo de pobreza se trata de ayudas necesarias, ha declarado Čaputová.
Lo que considera inaceptable es la utilización del procedimiento legislativo acelerado que el Parlamento ha adoptado para aprobar medidas que deberían entrar en vigor en siete meses, el 1 de enero de 2023, ya que no existen las condiciones jurídicas para su aplicación. Se trata de un instituto que la legislación permite sólo «en circunstancias excepcionales en las que puedan verse comprometidos los derechos humanos y las libertades fundamentales o la seguridad o si el Estado corre peligro de sufrir daños económicos significativos», explicó la Presidenta.
Según Čaputová, el procedimiento acelerado viola la Constitución. Por eso, si el Parlamento anula el veto, la Presidenta ha anunciado que pedirá la opinión del Tribunal Constitucional.
Además, dado que el ministro Matovič dijo haber propuesto un proyecto de ley «revolucionario» para ayudar a las familias, la Jefa de Estado subrayó que los cambios revolucionarios deben ser aprobados en un proceso legislativo adecuado que incluya la discusión con todas las partes involucradas.
Čaputová también criticó la polémica que el proyecto de ley suscitó en el mundo político, porque creó una división frente a un problema real. Instrumentalizar la ayuda a las familias con fines políticos es inaceptable, dijo la Presidenta, quien agregó que el paquete antiinflacionario «interfiere significativamente con los presupuestos de los gobiernos locales».
El paquete económico de ayudas a las familias fue aprobado por el Parlamento el pasado 24 de mayo con el voto de los diputados de OĽANO, Sme Rodina, Za ľudí, algunos parlamentarios independientes y los diputados del partido de extrema derecha ĽSNS, mientras el partido de coalición SaS votó en contra y los parlamentarios de la oposición Smer-SD y Hlas-SD se abstuvieron.
El proyecto de ley prevé el aumento del bono fiscal por hijo y de las asignaciones familiares, así como un bono mensual para las actividades lúdicas de los hijos. La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda ha sido duramente criticada por la Asociación de Ciudades y Pueblos Eslovacos (ZMOS) debido al recorte de 618 millones de euros en dos años para financiar el bono fiscal para las familias y la actitud del Gobierno hacia las administraciones locales, que no fueron consultadas para la elaboración de las medidas.
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Foto: Zuzana Čaputová (Fb)
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