La presidenta Zuzana Čaputová firmó la enmienda a la Ley de Educación Superior aprobada por el Parlamento a finales de marzo.
El objetivo de la nueva ley es la modernización de la gestión de las universidades públicas, con la introducción de procesos de toma de decisiones más flexibles y la modificación de los criterios para la elección de rectores y el nombramiento de profesores universitarios y profesores asociados.
El rector de la universidad será elegido por una asamblea integrada por miembros del claustro académico y de la junta directiva de la universidad. Para obtener el cargo, el candidato debe tener la mayoría de votos.
Los decanos de facultad pueden ser elegidos o designados después de un proceso de selección. Sólo pueden permanecer en el cargo por dos mandatos consecutivos.
La reforma también introduce cambios significativos en el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, que serán más claros, predecibles y orientados a la calidad, tal y como lo establece el Plan de Recuperación y Resiliencia. La nueva ley tiene como objetivo crear una mejor cooperación entre distintos ministerios y las instituciones subordinadas.
Además, prevé que los proyectos de valor superior a 200.000 euros sean evaluados por expertos extranjeros, con el fin de garantizar la imparcialidad del procedimiento, según la práctica habitual en otros países. La Oficina de Gobierno desempeñará funciones de coordinación estratégica y metodológica de las políticas de investigación, desarrollo e innovación en el sector científico y tecnológico, en el que se invertirán 630 millones de euros en los próximos cuatro años.
El Consejo de Gobierno ahora tendrá una composición diferente, incluyendo científicos y ejecutivos de renombre para ajustarse a la práctica internacional, así como ministros de sectores clave. Tendrá como cometido aprobar el anteproyecto de financiación para los próximos tres años relativo al apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, los Fondos Estructurales y el Plan de Recuperación.
Además, deberá aprobar la metodología que se aplicará de manera uniforme a todo tipo de ayudas, para asegurar la evaluación de la calidad de los proyectos y armonizar los procedimientos de solicitud de las distintas convocatorias.
El Consejo de Gobierno también debatirá todos los documentos y proyectos de ley relacionados con el sector de la investigación y la innovación.
El Gobierno considera la aprobación de la reforma, que incluirá nuevas medidas antes de finales de año, un paso importante para mejorar el entorno de investigación e innovación, como recomienda también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La reforma universitaria entrará en vigor el 25 de abril de 2022.
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Foto: trank CC0
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