Las autoridades sanitarias podrán tener en cuenta el certificado Covid

El domingo 25 de julio, el Parlamento aprobó el proyecto de ley presentado por el ministro de Sanidad, Vladimír Lengvarský, sobre la protección, el apoyo y el desarrollo de la salud pública.
La ley fue discutida con un procedimiento legislativo abreviado y recibió 77 votos a favor, 55 en contra y una abstención.

Ahora la Oficina de Salud Pública (ÚVZ) está legalmente autorizada para tener en cuenta el certificado digital Covid en caso de una amenaza para la salud pública, en el marco de la adopción de medidas contra la propagación del coronavirus. Dicho certificado indica que una persona ha sido vacunada contra el Covid-19, ha recibido un resultado negativo en la prueba o se ha recuperado de la infección y puede acceder a diversas instalaciones o eventos masivos.

Si la situación epidemiológica empeora, las personas no vacunadas no tendrán que pagar las pruebas de Covid que puedan ser necesarias para ir al trabajo o la escuela e ingresar a las tiendas de abarrotes o para quienes hayan tenido contacto con personas positivas a Covid y presenten los síntomas de la infección.
Los empleados podrán someterse a pruebas gratuitas en el lugar de trabajo, mientras que los trabajadores transfronterizos podrán realizar la prueba de antígeno gratuita en los centros de muestreo estatales. Cada ciudadano podrá realizar dos pruebas de RT-PCR al mes de forma gratuita.

Contra el proyecto de ley y el llamado «fascismo de las vacunas», el viernes pasado una multitud de manifestantes protestó frente al edificio del Parlamento con el lanzamiento de huevos. Los agentes de policía intervinieron con gases lacrimógenos para evitar que los manifestantes ingresaran al edificio.

La manifestación recibió el apoyo del líder del partido de extrema derecha ĽSNS, Marian Kotleba, del partido de oposición Smer-SD liderado por Robert Fico y del partido extraparlamentario de Peter Pellegrini, Hlas-SD. Todos ellos están de acuerdo en un punto: la nueva ley introducirá la discriminación entre personas vacunadas y no vacunadas.

Fico afirma que la medida viola la Constitución eslovaca y por ello solicita la opinión del Tribunal Constitucional invitando a la presidenta Zuzana Čaputová a vetar la ley. En su opinión, la adopción de medidas que no incluyen reglas claras sobre su aplicación, pero que parecen estar diseñadas para obligar a los ciudadanos a vacunarse, causará estragos en Eslovaquia.