Tras las medidas dirigidas a las familias con hijos, el ministro de Hacienda, Igor Matovič, presentó ayer el segundo de los tres paquetes de reforma fiscal, centrado en la fiscalidad laboral.
Según la propuesta del ministro, el salario bruto de los empleados debería estar sujeto a un impuesto del 19%, mientras que el empleador pagará un impuesto del 39%. Los ingresos de hasta 357 euros no deberían estar sujetos a impuestos.
El objetivo de estas medidas es reducir la presión fiscal sobre el trabajo hasta el 5 por ciento y conseguir que todos los empleados perciban un salario neto más elevado, en total 359 millones de euros más al año.
Además, debería cancelarse el tope de cotización a la seguridad social.
Se prevé un bono de hasta 100 euros para los trabajadores de bajos ingresos, que tengan un salario inferior a 1.111 euros brutos mensuales.
Los empleadores que contraten estudiantes y personas con discapacidad también recibirán un bono correspondiente al 10% del salario bruto del empleado y al 20% en el caso del trabajador con discapacidad grave.
El desembolso del bono debería suponer un gasto de 136 millones de euros anuales para las arcas del Estado.
En palabras de Matovič, se trata de una «revolución fiscal» que «hace realidad los sueños», a través del cambio radical de todo el sistema.
De aprobarse la reforma, las nuevas reglas deberían entrar en vigor en 2023.
En cuanto a la cobertura financiera, Matovič prevé utilizar los recursos procedentes de la abolición de las exenciones fiscales, aproximadamente 550 millones de euros. El ministro también cuenta con los 50 millones ahorrados gracias a la recaudación única de tasas e impuestos a través de la administración financiera y con los 200 millones que podrían provenir del aumento del trabajo legítimo.
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Foto: Ministerstvo financií SR (Fb)
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