Oficina para la protección de informantes: gobierno aprueba enmienda a la ley

El Consejo de Ministros aprobó una enmienda a la ley sobre la protección de los informantes para el establecimiento de una oficina especial para la protección de los llamados whistlebowers.
La institución será independiente de la administración estatal y tendrá poderes en todo el territorio nacional. Entre sus tareas, el asesoramiento y control sobre la aplicación de la ley, la información a los ciudadanos sobre la protección de los informantes y su remuneración. La oficina deberá presentar al Parlamento un informe anual sobre las actividades realizadas. El presidente de la nueva institución será elegido por el Parlamento y nominado por una comisión compuesta por expertos designados por el Presidente, la Oficina del Gobierno y las ONG. Así lo afirmó el primer ministro Peter Pellegrini, quien presentó el proyecto de ley.
El propósito de la enmienda es la eliminación de algunos puntos débiles de la ley aprobada en 2014 (y entrada en vigor en 2015) para el apoyo y la protección de quienes denuncian casos de corrupción y están dispuestos a testimoniar.
La ley para la protección de los informantes garantiza la representación legal y la protección gratuita contra posibles represalias de los empleadores. Los empleados de empresas públicas y privadas que denuncian prácticas de corrupción pueden recibir una retribución de hasta 17 mil euros.
La enmienda aprobada por el Consejo de Ministros debería entrar en vigor el 1 de marzo de 2019.