El miércoles 22 de junio, el Parlamento anuló el veto de la presidenta Zuzana Čaputová al paquete de medidas antiinflacionarias propuesto por el ministro de Hacienda, Igor Matovič. El proyecto de ley, aprobado el 24 de mayo con procedimiento acelerado, fue apoyado por 77 de los 142 diputados presentes.
Los parlamentarios rechazaron los comentarios de la Presidenta, aprobando la ley en su forma original, con el voto a favor de dos de los cuatro partidos de la coalición (OĽaNO y Sme rodina) y del partido de extrema derecha ĽSNS. El partido SAS votó en contra, mientras que Za Ľudí y Hlas-SD se abstuvieron; los diputados de Smer-SD también se opusieron o se abstuvieron.
Las medidas incluyen el aumento gradual del bono fiscal por cada hijo a cargo y el aumento gradual de las asignaciones familiares para padres o tutores legales: 30 euros mensuales a partir del 1 de julio y 50 euros a partir del 1 de enero de 2023. La nueva ley prevé también que las familias reciban 50 euros al mes para las actividades lúdicas de sus hijos de entre 5 y 18 años.
El paquete de ayudas a las familias tendrá un coste estimado para las arcas del Estado de unos 1.200 millones de euros, equivalente a cerca del 1% del presupuesto estatal. Precisamente en el financiamiento del paquete antiinflacionario se centraron las críticas del partido de coalición SaS, que rechazó su apoyo al proyecto de ley.
Mientras Matovič exulta en las redes sociales calificando la decisión del Parlamento como «una cosa grandiosa», cabe señalar que las medidas antiinflacionarias podrían no tener un efecto inmediato. La ley entrará en vigor sin la firma de la Presidenta, quien ha declarado que respeta el voto del Parlamento, pero solicitará la opinión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del procedimiento de aprobación.
Čaputová no cuestiona las ayudas a las familias ante el aumento progresivo del coste de la vida. En este sentido, solicitará al Gobierno que proporcione ayudas específicas, reiteradas y suficientes a la mayor brevedad a las personas más afectadas por la subida de precios.
Sin embargo, la Jefa de Estado cree que un paquete económico con un alto costo debería haberse discutido con un proceso legislativo regular “para respetar todas las reglas constitucionales de responsabilidad y transparencia presupuestaria”. Según la Presidenta, el procedimiento legislativo abreviado fue utilizado en violación de la Constitución, ya que no existen las condiciones jurídicas para su aplicación. Además, la ley podría tener un impacto negativo en la estabilidad económica y el funcionamiento de las administraciones locales.
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Foto: BDE ©
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