El 9 de junio, la Comisión Europea remitió a Eslovaquia al Tribunal de Justicia porque su legislación nacional sobre el reembolso de paquetes turísticos cancelados debido a la pandemia viola la Directiva de la UE 2015/2302.
En julio de 2020, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Eslovaquia y otros Estados miembros por la introducción de normas sobre viajes «todo incluido» que no cumplen con la directiva de la Unión.
En octubre de 2020, la Comisión envió un dictamen motivado a Eslovaquia, que respondió en diciembre comprometiéndose a aprobar, en marzo de 2021, una enmienda legislativa que entraría en vigor el 1 de mayo de 2021.
Sin embargo, las disposiciones pertinentes, adoptadas en mayo de 2020, permanecieron en vigor. Por lo tanto, en el caso de que un paquete turístico haya sido cancelado debido a Covid-19, los viajeros están obligados a aceptar la modificación del contrato estipulado con la agencia de viajes o un paquete sustitutivo. Alternativamente, los viajeros tienen derecho a un reembolso solo después del 31 de agosto de 2021.
La normativa de la Unión Europea establece que los viajeros tienen derecho a ser reembolsados en un plazo de 14 días en caso de que el paquete turístico se cancele «debido a circunstancias inevitables y extraordinarias». En cualquier caso, se debe garantizar a los consumidores la posibilidad de elegir el tipo de compensación.
Además de Eslovaquia, otros diez países de la UE han permitido a los organizadores de viajes «todo incluido» derogar las normas de la UE: República Checa, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Croacia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Portugal.
Por lo tanto, se han emitido vales obligatorios para viajes cancelados durante la pandemia, en lugar del reembolso en efectivo, o este reembolso se ha pospuesto más allá del período de 14 días establecido por la directiva de la UE.
Estos países han resuelto el problema derogando o dejando que expiren las exenciones temporales a la directiva de la UE sobre viajes «todo incluido». En el caso de Chipre, no hubo pruebas de que las disposiciones nacionales violaran la Directiva de la Unión.
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Foto: Aleksandar Pasaric CC0
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