La ministra de Justicia Mária Kolíková presentó el plan de reforma del mapa judicial, elaborado en colaboración con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ).
La reforma se basa en tres pilares: la reorganización racional de los tribunales, especialmente los de primera y segunda instancia, la especialización de los jueces y la mejora de la calidad y rapidez de las decisiones judiciales.
La reforma prevé la reducción, en los próximos dos años, del número de tribunales distritales de primera instancia de los 54 actuales a 30, incluidos dos tribunales municipales en Bratislava y Košice.
Los ocho tribunales de apelación regionales que operan actualmente deberían ser reemplazados por tres tribunales distritales de apelación, ubicados en Banská Bystrica (con jurisdicción sobre Eslovaquia central), Prešov (para la región oriental) y Trnava (para la parte occidental del país). Estas ciudades fueron elegidas por su ubicación central dentro de la región y una mejor accesibilidad, según lo especificado por la ministra.
Estos tribunales deberán ocuparse de disputas comerciales, a las que también se dedicará el tribunal municipal de Bratislava, dada la importancia de la capital en cuanto a número de empresas.
El registro de empresas en Eslovaquia se establecerá en el Tribunal distrital de Žilina.
En el plan de reforma se propone que los casos sobre los que tienen competencia los juzgados administrativos se tramiten en tribunales de primera instancia distintos de los ordinarios, y ubicados en Nitra, Žilina y Košice por motivos relacionados con la disponibilidad de personal.
Bratislava debería seguir albergando la sede del Tribunal Administrativo Supremo con jurisdicción en toda Eslovaquia. Las sedes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Penal Especializado también permanecen sin cambios, ubicadas respectivamente en Košice y Pezinok.
La reducción del número de tribunales, en las intenciones de la ministra, debería permitir una mayor especialización de los jueces en derecho civil, comercial, penal y administrativo. En la red actual de 54 pequeños tribunales de distrito, el juez debe atender casos que se enmarcan en diferentes áreas del derecho, «lo que puede ponerlo en desventaja frente a abogados especializados», enfatiza la ministra. La reforma apunta tanto a mejorar el nivel de especialización de los jueces como a incrementar el número de jueces dentro de los tribunales como «herramienta anticorrupción».
Con la reforma que, según las intenciones del Ministerio de Justicia, debería implementarse en dos fases entre 2021 y 2022, se busca, por tanto, lograr unos objetivos fundamentales para devolver la credibilidad al poder judicial: accesibilidad, mayor celeridad en los procedimientos, mayor calidad de las decisiones judiciales, transparencia y eficiencia.
Por último, pero no menos importante, la aplicación de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales, en línea con las políticas de la Unión Europea en la materia, orientadas a la creación de un sistema judicial «electrónico».
Los costes previstos de la reforma ascienden a 309.545 millones de euros, de los que 285 millones procedentes de los recursos de la Comisión Europea dentro del Fondo de Recuperación y 24.545 millones del presupuesto del Estado.
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Foto: Daniel_B_photos CC0
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