Prioridades de España en la ONU: dignidad de la persona, seguridad y desarrollo sostenible

Nueva York. El 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas viene marcado por un contexto internacional complejo, caracterizado por la continuidad de determinados conflictos armados y los riesgos de otros nuevos, la persistencia de las desigualdades e injusticias, la crisis migratoria, las consecuencias del cambio climático y los problemas medioambientales, las dificultades que debe afrontar la UE.
Todos estos desafíos requieren un fuerte compromiso por parte de la comunidad internacional hacia el fortalecimiento del multilateralismo, es decir la cooperación entre pueblos.
España ha desarrollado un activo multilateralismo que constituye una de las piedras angulares de su política exterior y, en el marco de la Semana Ministerial de las Naciones Unidas, ha reiterado su compromiso enfocado en tres ejes fundamentales.

1. Atención a la dignidad de la persona

El concepto de “dignidad de la persona” implica no solo el respeto de los Derechos Humanos, sino también del ser humano y sus necesidades básicas mediante iniciativas y acciones encaminadas a impulsar la abolición de la pena de muerte y el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de mujeres y niñas en condiciones de igualdad (especialmente los derechos de salud sexual y reproductiva y la lucha contra la violencia de género en todas sus formas) y la protección a grupos vulnerables, como la colectividad LGTBI o las personas con discapacidad.
España ha sido un país pionero en el reconocimiento de derechos al colectivo LGBTI. Fue el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio homosexual y tiene una de las legislaciones más progresistas del mundo a este respecto. Desde enero de 2017 España forma parte del LGBTI Core Group, es decir el Grupo de Estados Miembros de la ONU y organizaciones de la sociedad civil activas en la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI a escala mundial. La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales es una de las prioridades de la política exterior de España en el ámbito de los Derechos Humanos, según señaló el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela.
Durante la Semana Ministerial de la ONU, se celebró el primer encuentro a nivel de ministros entre los gobiernos de España e India desde mayo de 2017, cuando el primer ministro Modi visitó España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de la India, Sushma Sawaraj, a la cual expresó su felicitación por la reciente histórica sentencia por unanimidad del Tribunal Supremo indio. El máximo tribunal ha anulado una ley británica de más de 150 años y ha despenalizado la homosexualidad, reconociendo que “la discriminación en base a la orientación sexual es una violación de la libertad de expresión”.
Con carácter más amplio, España pretende trabajar para la realización de todos los derechos sociales, económicos y culturales, prestando una atención especial al derecho al agua. Borrell se ha interesado con su homóloga india por el estado del proyecto de regeneración del río Yamuna, en el que la Embajada de España en India está colaborando junto a Delhi Jal Board (órgano gestor del agua en la capital india) y la Universidad de Virginia (Estados Unidos). Se trata de una propuesta de regeneración integral del entorno urbano de Delhi, en el que España podría aportar las experiencias de éxito acumuladas en ciudades españolas.
España tiene un papel relevante en las negociaciones sobre las crisis humanitarias provocadas por los grandes desplazamientos de personas y ha impulsado el proceso que ha conducido al Pacto Global de Migraciones en coordinación con sus socios de la Unión Europea.
El Pacto Global de Migraciones supondrá un hito histórico, en cuanto es el primer documento de Naciones Unidas que aborda a escala global todos los aspectos del fenómeno migratorio. Su objetivo es hacer de la migración un acto cada vez más seguro, voluntario, ordenado y regular, de forma que la persona del migrante se sitúe como centro de atención. El Pacto se basa en los principios de responsabilidad compartida y de cooperación internacional, así como en el respeto a la soberanía nacional en el diseño de las políticas migratorias, la conexión con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, la salvaguardia de los derechos humanos y la protección de los más vulnerables.
El Pacto Global de Migraciones se articula en 23 objetivos que cubren todas las dimensiones del fenómeno migratorio. Cada objetivo incluye un compromiso general y una serie de acciones que son consideradas como instrumentos recomendables y buenas prácticas en materia migratoria.
El Pacto establece también un “Foro Internacional Migratorio de Revisión”, como mecanismo de seguimiento que se reunirá cada cuatro años a partir de 2022.
En los márgenes de la semana ministerial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro Borrell participó en la Reunión de Alto Nivel “Migrantes y Refugiados de Venezuela: hacia una respuesta regional” organizada por Colombia con el coauspicio de Canadá y Perú.
En su intervención, el ministro ha manifestado que España sigue con gran preocupación el impacto que está teniendo en los países de la región el éxodo de venezolanos que abandonan su país como consecuencia de la crisis política, económica y social.
El ministro ha recordado el compromiso de España en la atención a esta crisis que se canaliza a través de sus contribuciones a organismos internacionales y ONGs. Además, ha subrayado que, si bien en una medida lógicamente no comparable a la de los países de la región, se ha incrementado desde 2016 el número de ciudadanos venezolanos que llegan a España.

2. Atención a la seguridad de las personas

España apuesta por preservar y fortalecer el régimen internacional de no proliferación, es decir, toda la arquitectura de acuerdos, organismos e instrumentos cuyo objetivo es la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, es un país comprometido en promover y apoyar iniciativas contra amenazas globales como el terrorismo, los conflictos armados o los ciberataques.
En el marco de la Semana Ministerial de Naciones Unidas, el ministro Borrell ha intervenido en la 9ª Reunión Ministerial del Foro Global Contra el Terrorismo. El Foro, fundado en septiembre de 2011, tiene como objetivo detectar, compartir y difundir buenas prácticas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y la prevención y lucha contra el extremismo violento mejorando la capacidad de reacción ante una amenaza siempre cambiante. Sus grupos de trabajo han tratado estos pasados años fenómenos como el uso de la red por los terroristas y la protección de objetivos vulnerables. Al tema de los combatientes terroristas extranjeros el Consejo de Seguridad dedicó una Sesión Especial que produjo los Principios-Guía de Madrid en 2015.
El ministro ha destacado la importancia, en la lucha contra el terrorismo, de las buenas prácticas presentadas sobre familiares de los retornados y el extremismo violento que aparece en jóvenes de segunda y tercera generación formados en países no musulmanes. Además, ha subrayado “la destacada labor que realizan, en sus respectivos ámbitos, las tres instituciones conexas al Foro: Hedayah, Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho y Fondo Global para la Resiliencia y el Reforzamiento de Comunidades”. Por último, ha enfatizado la importancia de la Declaración emitida relativa a la necesaria cooperación entre Naciones Unidas y el Foro Global.
España ha participado también en una reunión sobre la reintegración de los niños reclutados por fuerzas y grupos armados, mostrando su apoyo a la Coalición que ha lanzado la Enviada especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba. UNICEF señala que, de los más de 55.000 niños y niñas liberados tras su reclutamiento para conflictos armados en distintos países del mundo a lo largo de los últimos cinco años, tan sólo 42.000 se han beneficiado de programas de reinserción. Garantizar el acceso a un sistema educativo en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta las circunstancias de género y edad de los menores afectados por los conflictos armados, constituye, en palabras del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, una de las prioridades de la acción del Gobierno español en este campo.
Por ello, en este acto, presidido por la Reina de Bélgica, se ha anunciado que España acogerá la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en 2019, después de las celebradas en 2015 en Oslo y 2017 en Buenos Aires. La Conferencia tendrá por objetivo impulsar internacionalmente la Declaración sobre Escuelas Seguras, un instrumento político para proteger a alumnos, profesores e instituciones educativas en tiempos de conflicto armado. Hasta la fecha, 80 Estados han suscrito la Declaración.

3. Atención al desarrollo sostenible centrado en el ser humano

España está plenamente comprometida con la Agenda 2030, diseñada para el cumplimiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): erradicar la pobreza, construir la resiliencia de las personas y comunidades, reducir las desigualdades, defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, y promover un crecimiento económico inclusivo, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático.
Una de las prioridades de España es la reducción de la desigualdad y la discriminación entre países e intra-países, lo cual constituye uno de los mayores desafíos de la nueva Agenda 2030. El país centra parte de los esfuerzos de cooperación trabajando con los grupos humanos que sufren formas múltiples de discriminación, adoptando un enfoque multidimensional.
De ahí su compromiso por que la 24 Conferencia de Cambio Climático que se celebrará el próximo diciembre en Katowice (Polonia), logre unos resultados que mantengan el equilibrio y el espíritu del Acuerdo de París y sean aplicables a todos los países teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales.
En un contexto más amplio, España apoya el proceso de negociación de un Pacto Global por el Medio Ambiente para armonizar los instrumentos actuales en la lucha contra la desertificación y la protección de los bosques, mares y océanos.