Durante la reciente reunión entre el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se discutió sobre el doble estándar de calidad de los productos vendidos bajo la misma marca por importantes empresas internacionales en Europa del Este. Fico, quien recientemente amenazó medidas restrictivas contra las importaciones de productos europeos en el mercado eslovaco, es el primer representante de un país de la UE en plantear la cuestión.
Durante la reunión también se discutió una posible y conveniente cumbre del Grupo de Visegrad 4. Los representantes institucionales de Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría deberían reunirse el proximo otoño para discutir temas de interés general para el futuro de la Unión Europea, en particular el sistema de cuotas para la distribución de los inmigrantes.
Fico acogió favorablemente la propuesta de Juncker sobre la organización de una minicumbre: una importante oportunidad para examinar a fondo cuestiones cruciales que no siempre encuentran un espacio adecuado durante cumbres ordinarias de la UE.
Fico destacó que Eslovaquia quiere ser parte del núcleo más estricto de la UE y no acepta que los eslovacos sean tratados como ciudadanos europeos de segunda clase.
Junker, por su parte, reconoció el importante papel del país, por ejemplo, en la reciente promoción de la Oficina de la Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s office, EPPO).
La Fiscalía Europea es una institución indipendente de la Unión Europea, prevista en el Tratado de Lisboa. El 8 de junio, 20 Estados miembros – incluida Eslovaquia – aprobaron una legislación en la que se establecen los detalles de su funcionamiento y su función.
La Fiscalía Europea, que estará situada en Luxemburgo, tendrá la autoridad, para investigar y fiscalizar el fraude en la UE y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. Aunará los esfuerzos europeos y nacionales para hacer cumplir la ley a fin de combatir casos concretos de delitos.
En la actualidad, sólo las autoridades nacionales pueden investigar y perseguir el fraude contra la UE, pero sus competencias se detienen en las fronteras nacionales. Los órganos existentes de la Unión (OLAF, Eurojust y Europol) no tienen el mandato de llevar a cabo investigaciones criminales. La Fiscalía Europea llenará este vacío institucional, y tendrá la competencia exclusiva en el área de la UE.
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Foto:Eu2016 SK
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