Tras la finalización de la campaña nacional “Responsabilidad Compartida”, con gran satisfacción del primer ministro Igor Matovič por la masiva participación ciudadana, surgen preguntas sobre lo que sucederá en los próximos días. ¿Se relajarán las restricciones actualmente vigentes? ¿Habrá una segunda ronda de pruebas, como anunció el premier? Pero sobre todo, ¿se considerará el certificado que acredita el resultado negativo de la prueba como una especie de «salvoconducto» para seguir trabajando y poder entrar en tiendas, bares y restaurantes?
Según anunció el primer ministro, se mantendrán las medidas restrictivas, en particular, el uso obligatorio de la mascarilla incluso en espacios abiertos y la prohibición de eventos masivos.
«Bajar la guardia» en este momento podría frustrar todos los esfuerzos y sacrificios hechos hasta ahora. Las medidas restrictivas sirven para evitar que la epidemia se vuelva incontrolable, dijo Matovič.
El primer ministro confirmó que se organizará una segunda campaña masiva de pruebas, especialmente si la curva del contagio aumentará aún más. Sin embargo, no descarta que pueda haber un par de distritos exentos de pruebas, dados los buenos resultados de Orava y Bardejov. En cualquier caso, la decisión se tomará de acuerdo con la opinión de los epidemiólogos e infectivólogos, precisó.
Matovič admitió que la precisión de las pruebas de antígenos es menor que la de las pruebas de RT-PCR, que habrían dado como resultado un porcentaje probablemente más alto de personas positivas: el 3% en lugar del 1%. Pero también agregó que ningún país sería capaz de organizar pruebas de RT-PCR a nivel nacional.
El premier dijo estar consciente de que muchos aceptaron hacerse la prueba por el miedo a perder su trabajo. Matovič expresó su pesar por esta situación, justificándola como un acto de responsabilidad hacia los ancianos, los enfermos y el personal sanitario, que llevan meses luchando contra el virus. «No queríamos poner de rodillas a los hospitales y tuvimos que introducir la medicina de guerra», dijo.
La certificación de negativa al Covid: un tema controvertido
Mientras que quienes dieron positivo por el coronavirus ahora tendrán que seguir una serie de reglas de conducta muy específicas, como la cuarentena de diez días y la comunicación de todos los contactos recientes, la posición de quienes no se han sometido a la prueba y, por lo tanto, no pueden mostrar la certificación de negativa al Covid, se considera controvertida desde el punto de vista legal.
No solo está en juego la posibilidad de trabajar, ir a las tiendas, entrar en los comercios o pasear en espacios abiertos sin estar sujetos al toque de queda. La Oficina de Salud Pública (ÚVZ), por decreto del higienista jefe Jan Mikas, ha establecido que, a partir de hoy, los empleadores, comerciantes y sus empleados (excluidos supermercados y tiendas de alimentación) pueden solicitar a los trabajadores y clientes el certificado que acredite el resultado negativo de la prueba de antígeno o una prueba de PCR negativa realizada después del 29 de octubre.
En el caso de que las personas no puedan exhibir este certificado, se debe prohibir la entrada al lugar de trabajo o la tienda. Las excepciones previstas son las mismas que las aplicadas para la campaña nacional de cribado: menores de 10 años, personas con autismo y personas que padecen enfermedades graves documentadas mediante certificado médico.
Dudas legales
Muchos se preguntan si es legítimo que los empleadores y comerciantes soliciten un documento que contenga información relacionada con el estado de salud del ciudadano o datos sensibles sujetos al Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).
Sobre este delicado tema, el Gobierno entró en conflicto con la Oficina de Protección de Datos Personales (ÚOOÚ), que considera que el decreto de Mikas carece de base legal. Según la ÚOOÚ, el Código de Trabajo establece para los empleados únicamente la obligación de informar al empleador de la ausencia por enfermedad u otro obstáculo para el trabajo.
El Gobierno, por su parte, argumenta que el decreto no viola el RGPD de la UE y al mismo tiempo acusa al ÚOOÚ de preparación inadecuada en cuanto a la legislación básica relativa al desempeño de sus actividades.
Sobre este tema controvertido, se espera la opinión de la defensora del pueblo Mária Patakyová, quien está examinando el texto del decreto de la Oficina de Salud Pública. Según algunos expertos, no solo se trataría de evaluar el respeto al derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también la constitucionalidad de un decreto que impone obligaciones que limitan los derechos y las libertades fundamentales.
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Foto: Ministerstvo vnútra SR (Fb)
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