Las elecciones para conformar la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) marcan un nuevo capítulo de la historia contemporánea de Venezuela. El nuevo cuerpo de 545 diputados tendrá poderes ilimitados, duración desconocida y la tarea de redactar no sólo una nueva Constitución (Carta Magna), sino también «leyes constitucionales» de obligado cumplimiento.
Fue un proceso electoral manchado por la violencia en todo el país: al menos 15 personas muertas y un número de heridos aún no contabilizados en su totalidad durante las marchas de protesta organizadas por la oposición.
La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la tasa de participación en la votación fue de 41,53% y que poco más de 8 millones de venezolanos acudieron a las urnas.
Fue una ola de participación que superó las expectativas, dijo el presidente Nicolás Maduro. “El pueblo respondió al llamado de la paz” y «se acabó el sabotaje de la Asamblea Nacional», añadió en alusión al Parlamento, de mayoría opositora. El presidente venezolano aseguró que la ANC «levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla» y actuará contra la «burguesía parasitaria» para solucionar la crisis económica.
La comunidad internacional reaccionó a la votación en Venezuela. Hasta el momento, El Salvador, Nicaragua y Bolivia son los únicos países que han manifestado públicamente su apoyo a la consulta impulsada por Maduro. Otros países, como Estados Unidos, Colombia, México y España no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente, y Trump ya anunció sanciones para castigar este proceso que carece de legitimidad democrática y aparece como una “herramienta del oficialismo para perpetuarse en el poder”.
El conflicto político se ha traducido en más de cuatro meses de protestas, casi 120 muertos y un enfrentamiento directo con la oposición. Todo eso hundió al país en una profunda crisis, con la escasez de alimentos y medicinas y fuertes pérdidas para el sector económico.
El gobierno de Nicolás Maduro está convencido de que la Constituyente es la solución “para la paz y el diálogo”, mientras que la oposición liderada por el abogado Henrique Capriles Randoski no reconoce “este proceso fraudolento” y anuncia la continuación de la lucha “hasta que se restablezca el orden constitucional y la democracia”.
¿Cuáles son los escenarios que se abren tras la polémica votación? Según el reglamento, la Asamblea Constituyente se instalará en el plazo de 72 horas tras la elección. Tendrá poderes ilimitados y estará por encima de cualquier otra institución del Estado, incluido el propio presidente.
La Constituyente podría disolver el Parlamento, controlado por la oposición, puesto que las funciones ya declaradas son la reforma de la justicia para combatir más severamente el «terrorismo», es decir las acciones de parte de los opositores.
La oposición en esta fase de la política venezolana enfrenta un difícil desafío debido a la fragmentación existente dentro de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Venezuela entra, en este momento, en una fase de incertidumbre. El 7 de agosto se abrirá el plazo de inscripción para candidatos a las elecciones regionales, que se celebrarán el 10 de diciembre. Es dificil prever si habrá una respuesta unitaria y si los partidos seguirán en la desobediencia civil.
La oposición, con el apoyo de los países que desconocen la Constituyente, podría proclamar sus propias instituciones y establecer las bases de un gobierno de unión nacional. En ese momento, se crearía un Estado paralelo con una muy fuerte división entre las dos Venezuelas.
Además, en el sector económico y financiero las consecuencias de la crisis política venezolana podrían ser devastadoras. Según el diario “The Wall Street Journal”, el gobierno de Washington podría elaborar una serie de sanciones, como por ejemplo el veto a las exportaciones de crudo venezolano y de productos refinados estadounidenses a Venezuela, restricciones en el uso del sistema bancario y el tipo de cambio estadounidenses para la compañía estatal “Petróleos de Venezuela” (Pdvsa) y la prohibición a las compañías estadounidenses de invertir en el sector de la energía en Venezuela.
Todo eso en un país cada vez más aislado, donde la inflación alcanzará al cierre de este año el 700% y el 2.000% en 2018, según el informe del Fondo Monetario Internacional.
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Foto: Government of Venezuela CC BY 3.0
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