Se agrava la crisis institucional en Venezuela. El Parlamento, controlado por la oposición, acusó este jueves al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió todas las competencias de la Asamblea Nacional.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en «desacato» al no haber apartado a tres diputados acusados de fraude electoral. El martes el TSJ retiró la inmunidad a los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, indicó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, acusado por la oposición de servir a Maduro.
El máximo tribunal concedió atribuciones especiales al presidente en materia penal, militar, económica, social, política y civil. “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo Maduro.
El fallo de la Sala Constitucional de la corte, que según analistas supone una crisis institucional de una gravedad extrema y representa un paso más hacia un modelo autoritario, también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero. Según la ley, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, “sin la aprobación previa del Parlamento”.
Sin embargo, al declarar “omisión legislativa”, la corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo constituya compañías sin pasar por una votación de los diputados.
Esta cuestión resulta fundamental para el gobierno, que está buscando financiamientos para reducir un déficit fiscal estimado por el Banco Mundial en 11.5% del PIB en 2016.
Maduro también intenta atraer inversión extranjera en los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la profunda crisis económica, reflejada en escasez de bienes básicos y la inflación proyectada en 1,660% para 2017, según el FMI.
El presidente de la Asambea Nacional, Julio Borges, ha pedido al Ejército que reaccione ante el “Madurazo”, es decir la ruptura del orden constitucional. “Sabemos que los oficiales de la FAN (Fuerza Armada Nacional) sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”.
La oposición ha anunciado que convocará a una serie de protestas en los próximos días. “Sabemos que hay miedo y represión, dijo Borges, pero es el momento de ponernos de pie”.
El pais esta de rodillas: hoy Venezuela es un país aislado de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida.
La crisis económica se profundiza: corrupción, inseguridad, una terrible inflación que neutraliza el valor de la moneda nacional, el bolívar. La gente lucha diariamente para encontrar alimentos y medicamentos básicos. El racionamiento de alimentos ha sido llamado por los venezolanos «la dieta Maduro», mientras que las industrias se quejan por los bloques continuos de las líneas de producción. Hay falta de materias primas y la compra de productos importados en los supermercados tiene precios alucinantes. Recientemente, el gobierno ha tomado control de panaderías, acusándolos de robar harina y empezando la “guerra del pan”. En realidad, según los testimonios recogidos por la prensa, los panaderos no podían hacer pan porque no tenían la harina necesaria.
Incluso los medicamentos son escasos, por lo que la semana pasada Maduro, pidió oficialmente ayuda a las Naciones Unidas para responder a la emergencia.
Esto constituye una paradoja para un país que esconde bajo tierra una de las mayores reservas de petróleo del mundo.
Tras estas decisiones presidenciales se ha disparado el mercado paralelo de contrabando tanto en Venezuela como en sus fronteras, y se está acelerando a niveles sin precedentes. Los principales productos que se venden en el mercado negro son alimentos, medicinas y gasolina.
Los venezolanos que no salen a la calle para protestar contra el gobierno deciden abandonar el país. En 2016 llegaron a Colombia unos 200 mil venezolanos. Pero la diáspora crece en todo el Caribe y América del Norte.
La situación también fue analizada por la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA): 14 Estados miembros presentaron un documento para exigir la celebración de elecciones nacionales y la liberación de los presos políticos.
En un continente donde la democracia ha avanzado a pasos agigantados dejando atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el “autogolpe de Estado” fulminante realizado por Maduro y el retroceso de Venezuela hacia la dictadura arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país.
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Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr CC BY 3.0 br)
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